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El Gobierno culmina la reforma de la Ley de Cadena Alimentaria y prohíbe prácticas desleales

Vista aérea de una zona agrícola invernada
Vista aérea de una zona agrícola invernada

El ministro ha destacado el “trabajo excelente” del sector primario, industria agroalimentaria y sector de distribución durante la pandemia del COVID-19

El Consejo de Ministros ha completado la reforma de la ley de cadena alimentaria, con la aprobación este martes del Proyecto de ley de modificación de la Ley 2/2013.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha explicado que esta reforma transpone la Directiva Europea 2019/633 relativa a prácticas comerciales desleales y completa el Real Decreto-ley 5/2020, que ya introdujo aspectos concretos como la prohibición de que el precio fuera inferior a los costes de producción y la realización de campañas de publicidad que menoscabaran el valor de los productos.

Novedades sobre la legislación vigente

Los objetivos fundamentales de la nueva normativa son dar mayor transparencia al funcionamiento de la cadena alimentaria y la formación de los precios, conseguir el equilibrio del funcionamiento de la cadena en todos sus eslabones y proteger a agricultores y ganaderos, “el eslabón más débil”, ha señalado el ministro.

La transposición de la Directiva Europea permitirá que los productores y exportadores españoles queden a su amparo en sus transacciones con cualquier comprador en los mercados de los países comunitarios. Asimismo, queda extendido el ámbito material de la ley al conjunto de los productos alimentarios objeto de transformación -“pan, chocolate o cerveza, por ejemplo”, ha dicho Planas- y no solo a los productos agrarios y ganaderos. Y se ha ampliado la lista negra de prácticas comerciales desleales prohibidas por la normativa europea.

Respecto a los contratos escritos, será preceptiva la inclusión de nuevos datos para favorecer su transparencia y se declarará su obligatoriedad cuando su precio esté por encima del mínimo legal. Ahora son 2.500 euros pero, ha recordado el ministro, cuando concluya la tramitación del Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, está previsto que se rebaje a 1.000 euros.

La Agencia de Información y Control alimentarios (AICA), vinculada al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, será la autoridad nacional de referencia en infracciones y sanciones. Este refuerzo de su labor de control tendrá su equiparación presupuestaria, con una dotación prevista de 8,26 millones de euros, un 32% más, en el Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021.

Luis Planas ha expresado su confianza en que este Proyecto de Ley pueda concluir su tramitación en las Cortes Generales en el primer trimestre del año que viene.

Situación positiva del sector

El ministro ha destacado el “trabajo excelente” del sector primario, industria agroalimentaria y sector de distribución durante la pandemia del COVID-19, que ha permitido “disponer de alimentos y bebidas en cantidad y calidad suficiente y también continuar exportando y nutriendo a nuestros mercados exteriores”.

Asimismo, el comportamiento económico del sector es positivo. De hecho, ha destacado el ministro, es el único sector cuyo PIB ha crecido en los últimos 12 meses, un 6,9% según el INE. Las exportaciones a la Unión Europea y terceros mercados han aumentado un 5,5% en el mismo último año y España es el segundo país de la Unión Europea, después de Países Bajos, con un saldo positivo neto de un 25%.

A pesar de estos buenos datos, Planas ha reiterado el apoyo del Gobierno a las demandas de reformas estructurales de “agricultores, ganaderos, sector de la alimentación y todo el mundo rural para su transformación”.

Además de la reforma de la cadena alimentaria, Planas se ha referido como muestra de ese compromiso a las dotaciones previstas en los próximos Presupuestos Generales del Estado y al Plan de Recuperación, transformación y resiliencia, al refuerzo del sistema de seguros agrarios o a las ayudas para la renovación del parque de maquinaria agrícola. En el ámbito europeo, se ha referido a los acuerdos alcanzados sobre la nueva Política Agrícola Común y sus fondos, que ascienden, para España, a 47.724,3 millones de euros.

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