Los concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Eusebio Villanueva y Fátima Herrera, han denunciado hoy “el fracaso” del equipo de gobierno del Partido Popular en su política de vivienda y han exigido al alcalde que apruebe el protocolo de desahucios planteado por los socialistas hace un año, en el que se pedía la aplicación de criterios sociales para proporcionar una alternativa a los inquilinos de la empresa municipal de la vivienda ‘Almería XXI’ que no puedan hacer frente a la mensualidad, algo que consideran muy necesario, especialmente ahora, a consencuencia de la crisis.
“El fracaso que supone el desahucio de una familia que vive en una vivienda municipal es el fracaso de todo el Ayuntamiento”, ha manifestado Villanueva, al tiempo que ha criticado que “años después de su creación, el PP no haya sido capaz de hacer funcionar esta empresa con el objetivo para el que fue creada: cubrir las demandas de aquellos almerienses que tienen dificultades para acceder a una vivienda”. Así, ha recordado que “la empresa municipal ha de perseguir un fin social, por encima del empresarial y, en los casos de impago, su papel no puede ser el de mero observador”.
Precisamente es el aspecto social donde, según la concejala socialista Fátima Herrera, radica la diferencia entre lo que hace el PP y lo que propone el PSOE. “En octubre de 2020, la empresa municipal proponía que, si finalmente era imposible el abono de la deuda, esta circunstancia fuera causa directa del inicio de un procedimiento de desahucio; en cambio, el Grupo Socialista exige, para estos casos, un informe de los Servicios Sociales, con las posibles soluciones habitacionales, que deberá ser vinculante para la empresa”, ha destacado.
“Serán los propios Servicios Sociales los que, en el caso de producirse un impago, deberán volver a analizar la situación, las causas que lo han originado y proponer las medidas que permitan el abono de la deuda y la continuidad en el uso de la vivienda”, ha indicado Herrera. Para ello, podrán establecer un alquiler de menor cuantía según el análisis de la nueva situación económica del inquilino, teniendo en cuenta la recomendación de que dicho alquiler no supere el 30% de los ingresos familiares.
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