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El sector agrícola valora positivamente los avances en la Ley de Cadena Alimentaria del Gobierno de España

El ministro Planas en una reunión con el sector agrícola
El ministro Planas en una reunión con el sector agrícola

COAG insta, igualmente al Gobierno de Moreno Bonilla y a su consejera Carmen Crespo, a trabajar “para su completo despliegue desde el minuto inicial”

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) valora de manera positiva la aprobación en el Congreso de los Diputados de la modificación de la Ley de Cadena Alimentaria. En concreto, se considera que se han dado pasos muy adecuados en la mejora de la posición en la cadena de agricultores/as y ganaderos/as al conseguirse avances, parciales o completos, en cinco de las seis principales reivindicaciones que ha defendido el sector primario.

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde definitivamente en el día de hoy a la modificación de la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, para mejorar su efectividad tras varios años de funcionamiento, así como para transponer la Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agroalimentario.

Con este paso final, se ha adoptado la prohibición de la venta a pérdidas en el último eslabón en la Ley de cadena lo que supone un cambio sustancial al abrir nuevas vías de denuncia y control administrativo de esta lesiva práctica desleal. También se crea un registro digital de contratos, aunque sólo para las operaciones entre el primer eslabón y sus compradores, se incluye en parte el canal HORECA (ahora las grandes empresas de este canal estarán sometidas al cumplimiento de la ley), se mejora parcialmente la figura del mediador y se potencia el Observatorio de la Cadena, que ahora recogerá entre sus funciones la de generar informes sobre la formación de precios de los alimentos, especialmente para eslabones distintos al del productor, o la de elaborar, publicar y actualizar periódicamente índices de precios y costes de producción. También se han introducido algunas otras mejoras como, por ejemplo, una definición concreta del concepto “coste efectivo de producción” en la que se contempla la mano de obra familiar, entre otros aspectos, o la nulidad de las cláusulas de los contratos que se sitúen en fraude de ley.

 Ahora bien, todos estos avances y mejoras no han de quedarse en el papel o en un cajón bajo llave. “La situación actual es insostenible, el incremento de costes y la falta de rentabilidad es acuciante para muchas explotaciones y el sector no tiene un minuto más. Todas las administraciones implicadas en la aplicación de la ley, tanto a nivel estatal como en los territorios, deben trabajar para su completo despliegue desde el minuto inicial. Las personas del sector primario debemos percibir un precio por encima de nuestro coste de producción, como marca la ley y de manera necesaria para poder seguir adelante con nuestras eficientes y sostenibles explotaciones”, ha  subrayado Miguel Padilla, Secretario General de COAG. “Por ello, además del refuerzo de la Agencia de Información y Control Alimentarios, que es crucial y debe seguir produciéndose, así como de los órganos de control de las comunidades autónomas, se deben articular medidas rápidas y urgentes para salvar al sector”.

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