La Unidad de Policía Adscrita determina que el fuego, que calcinó unas 200 hectáreas, fue provocado por una actuación negligente
La Unidad de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía en Almería ha
denunciado a un individuo como presunto responsable del incendio forestal del pasado
21 de junio en el paraje conocido como “Fuente del Moro” de Sierra Cabrera, en el
término municipal de Turre, por un delito de incendio forestal negligente. El fuego, que
pudo ser controlado gracias a la rápida intervención de los medios de extinción
pertenecientes al dispositivo del Plan Infoca, calcinó 200 hectáreas de terreno forestal,
compuesto fundamentalmente por matorral y monte bajo.
Tras recibir comunicación del incendio se trasladó una patrulla de agentes al
lugar del incendio, entre las localidades de Mojácar y Turre, donde en colaboración
con Agentes de Medio Ambiente de la Brigada de Investigación de Incendio Forestales
(BIIF), se inició la investigación enfocada a poder determinar tanto el origen como la
autoría del mismo y se recopilaron indicios e importante información en el lugar de los
hechos.
Se determinó que el fuego tuvo su punto de origen junto a los restos de un cortijo
derruido, donde había ubicado un colmenar. Junto al colmenar, que resultó calcinado,
aparecieron dos carteles con el código de la explotación apícola.
Así, los primeros datos apuntan a que el fuego se desató por la incorrecta manipulación
de una colmena de abejas, a la espera de que los Agentes de Medio Ambiente de
la BIIF de Almería den por finalizado el Informe Técnico sobre Determinación de la
Causa de Incendio Forestal, donde se refleja que la causa del incendio como una negligencia
en actividades apícolas y siendo la causa probable una chispa de ahumador
utilizado en el manejo de las colmenas.
Además, los agentes de la Adscrita pudieron corroborar que en la zona existen
otros cinco asentamientos apícolas, en cuyas colmenas aparecen las mismas matrículas
que las del cartel del colmenar calcinado, y observaron que recientemente se habían
instalado colmenas nuevas para enjambrado de las abejas.
En ese sentido, se verificó que estos colmenares carecen de una franja de
cortafuegos perimetral de dos metros de ancho, tal como se exige en el empleo de
ahumadores para el manejo de colmenas en la Orden de 21 de mayo de 2009, por la
que se establecen limitaciones de usos y actividades en terrenos forestales y zonas
de influencia forestal.
Además, los investigadores pudieron observar que, en diferentes asentamientos
apícolas, los apicultores suelen vaciar el contenido de los ahumadores o sus restos
sobre la superficie del terreno, hecho expresamente prohibido en el Decreto 247/2001,
de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Prevención y Lucha
contra los Incendios Forestales.
Una vez identificado el titular de las explotaciones apícolas, se contactó con él e
indicó a los agentes actuantes que en la mañana del día del incendio había realizado
trabajos en el colmenar próximo al lugar del inicio del fuego.
Para este tipo de actividades apícolas se utilizan ahumadores, y teniendo como
causa probable del incendio una chispa producida por uno de estos utensilios, se le
requirió al investigado que les mostrara a los agentes los que utiliza en sus labores. Al
analizarlos, estos comprobaron que los dos ahumadores carecían del sistema
matachispas (placa metálica con agujeros que debe ir colocada en la boquilla de
salida del ahumador); por lo que se procedió a intervenirlos.
Además, se pudo comprobar que en el año 2014 ocurrió un siniestro forestal en
la misma zona (a unos 100 metros de distancia del actual punto de inicio), y a una
hora similar, las 13:49 horas, y también en una explotación apícola cuyo titular era la
misma persona que el actual investigado. Por aquellos hechos se determinó que el
fuego fue originado por una negligencia en actividades apícolas y como posible causa
una chispa de ahumador, según consta en el Informe técnico-pericial sobre
determinación de causas de siniestro forestal emitido por la BIIF.
Con los indicios obtenidos se le imputa al investigado la presunta comisión de
un delito de incendio forestal negligente cuyas diligencias policiales fueron remitidas al
Juzgado de 1º Instancia e Instrucción nº 3 de Vera.
La dificultosa orografía de la zona, entre Turre y Mojácar, unida a los fuertes
vientos durante el incendio, complicaron las labores del operativo que, finalmente,
consiguió controlar las llamas, que en todo caso obligaron al desalojo preventivo de
dos familias.
El dispositivo del INFOCA dio por extinguido el incendio 23 de junio, tres días
después de que se originaran las llamas. Durante la extinción del incendio participaron
más de 400 efectivos, entre bomberos forestales, técnicos de operaciones, agentes de
Medio Ambiente y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y llegaron a
actuar hasta 15 medios aéreos en la zona.
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