Desde CCOO advierten de que “se quiere optar por una vuelta al colegio ‘low-cost’, poniendo en peligro a toda la sociedad andaluza”
El rompecabezas para garantizar la distancia mínima de seguridad entre alumnos en los colegios e institutos andaluces se complica. La decisión de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía de suprimir unidades escolares de la red pública de cara al nuevo curso escolar ha colocado en un callejón sin salida a muchos centros educativos, que no saben cómo van a hacer para poder aplicar las normas de prevención frente al coronavirus.
La decisión del consejero de Educación, Javier Imbroda, de cerrar aulas de cara a septiembre –a la que aún no se le han puesto cifras oficiales por el secretismo que mantiene la Consejería sobre este asunto– ha generado un profundo malestar en la comunidad educativa, hasta el punto de que sindicatos como CCOO han amenazado con emprender acciones judiciales para proteger la salud del personal de los centros educativos y los propios alumnos.
Esta organización sindical ha acusado abiertamente al consejero de “irresponsabilidad” y ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas, en un intento desesperado por frenar esta decisión.
En un comunicado, la Federación de Enseñanza de CCOO-Andalucía acusa a los responsables de la Consejería de Educación de actuar “como si la covid-19 no existiese, obviando su deber de garantizar la salud de las personas y evitar un rebrote”. “Se quiere optar por una vuelta al colegio ‘low-cost’ poniendo en peligro a toda la sociedad andaluza”, advierten.
El secretario general de la Federación, Diego Molina, considera que “los gestores de la Educación andaluza no han aprendido la lección sobre el coronavirus de estos últimos meses y las nefastas consecuencias que ha acarreado a toda la sociedad”. “Parece que a algunos todo les vale, incluido poner en peligro las vidas humanas”.
Además, Molina ha denunciado la intencionalidad política que se esconde tras estas supresiones de unidades escolares públicas, la mayoría de ellas en aulas de tres años, lo que va a suponer la pérdida progresiva de toda una línea –desde el primer curso de Infantil hasta sexto de Primaria–, en numerosos centros educativos de titularidad pública.
Se el primero en comentar