El Gobierno andaluz desoye la petición de los sindicatos, que insisten en la necesidad de distanciar a los alumnos dentro de las clases
La pugna que viene manteniendo la comunidad educativa con el consejero de Educación de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, a cuenta de las medidas que el Gobierno andaluz se niega a tomar en el nuevo curso para garantizar la seguridad ante el covid-19, han llevado al responsable de la Consejería a guardar un silencio sepulcral sobre el número de unidades educativas con las que contará la educación pública andaluza el próximo curso. A estas alturas del año, el dato solía ser público, aunque esta vez el consejero sigue retrasando su anuncio, consciente de que el cierre de aulas que pretende ejecutar hará que arrecien, más si cabe, las críticas a su gestión.
El Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía ha decidido forzar al consejero a que dé la cara ya y para ello ha presentado una batería de iniciativas en el Parlamento de Andalucía, reclamando al Gobierno de Moreno Bonilla que detalle cuántas aulas tendrán abiertas en septiembre los centros educativos andaluces.
La supresión de unidades educativas, que ya se da por cierta ante el empecinamiento de consejero por ocultar el dato, supondrá un palo más en la rueda para los equipos directivos de los centros, a los que, desde la Consejería, se les ha encomendado que resuelvan la difícil ecuación de mantener la distancia de seguridad entre alumnos dentro de las aulas, sin tener espacios ni profesores suficientes para desdoblarlas. Los sindicatos vienen insistiendo en la necesidad de que la Consejería les dé las herramientas necesarias para distanciar a los estudiantes, sin que sus peticiones se estén atendiendo.
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