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Las derechas de Andalucía se oponen a que los agricultores consigan un precio justo por sus productos

Carmen Crespo junto al alcalde de Almería, el diputado nacional Juan José Matarí y representantes del PP, en la feria de Berlín
Carmen Crespo junto al alcalde de Almería, el diputado nacional Juan José Matarí y representantes del PP, en la feria de Berlín

PP, Ciudadanos y Vox votan en contra a la reforma de la cadena alimentaria que propone el PSOE para que los empresarios consigan un precio justo por sus productos

Los Grupos Parlamentarios de PP, Ciudadanos y Vox en el Parlamento de Andalucía han votado en contra de modificar la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, para garantizar que los agricultores cobren un precio justo por sus productos. Tampoco han mostrado su apoyo a que el Ejecutivo andaluz -que conforman las derechas- desarrolle un sistema automático de gestión de crisis de precios ágil, universal y accesible para todos los productores.

Estas negativas se han producido en el transcurso del pleno del Parlamento Andaluz en el que se debatía una Proposición No de Ley del Grupo Socialista de medidas de apoyo al sector hortofrutícola de la comunidad autónoma. En ella se instaba a la Junta de Andalucía a apoyar con mecanismos financieros a los productores de frutas y hortalizas para que puedan acometer las transformaciones que sus explotaciones precisan.

Se ha aprobado, al contrario, por unanimidad que la Junta inste al Gobierno de España a dirigirse a la Unión Europea, para que limite las concesiones en el sector de las frutas y hortalizas, en el marco de los acuerdos bilaterales con terceros países, manteniendo la preferencia comunitaria, así como para que se incrementen las inspecciones fronterizas sobre las frutas y hortalizas procedentes de terceros países, para garantizar la calidad, sanidad y cumplimiento de los cupos fijados.

Desde la Cámara andaluza se insta a la Junta de Andalucía a «incrementar el control de los productos para evitar el reetiquetado de productos procedentes de terceros países para evitar el fraude», y a apoyar y financiar la incorporación de las energías renovables a los procesos de producción, abaratando costes, haciéndolos más eficientes y contribuyendo a la descarbonización y a la lucha contra el cambio climático. También se ha reclamado al Gobierno andaluz a que incremente las ayudas a la contratación de seguros, garantizando que las explotaciones agroalimentarias cuenten con este recurso.

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