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Las Escuelas Infantiles califican de “encerrona” la ayuda que ha aprobado la Junta

Noemí Cruz junto a las damnificadas de las escuelas infantiles en una concentración en Sevilla.
Representantes de escuelas infantiles en una manifestación en Sevilla

Según el sector, la Administración andaluza ha abandonado a los centros de primer ciclo de Educación Infantil sin margen de maniobra para la viabilidad y sostenimiento del servicio una vez que se recupere la actividad

Las escuelas infantiles de Andalucía consideran que las medidas aprobadas por la Junta de Andalucía en el BOJA del 14 de abril suponen un callejón sin salida para el sector, que no puede sostenerse con ninguna de las dos alternativas (incompatibles entre sí) que le ofrece la Administración: o el ERTE o unas ayudas absolutamente insuficientes de 180 euros por plaza ocupada (actualmente, el precio es de 209,16 euros). Una elección que pone en jaque al sector y que puede suponer la pérdida de miles de puestos de trabajo en toda Andalucía, ocupados en un 95% de los casos por mujeres.

Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía (CEI-A) lamenta que la Junta de Andalucía no haya escuchado a los profesionales del sector ni haya estudiado las alternativas que desde esta organización se habían presentado. La presidenta de CEI-A, María del Rosario de la Peña, asegura que “es una encerrona, nos ofrecen dos opciones, y ninguna de ellas es viable para mantener, al menos, los puestos de trabajo, sin hablar de hacer frente a gastos como el alquiler o los suministros”. Es decir, “o cogemos una ayuda de 180 euros por alumno con la que no alcanzamos para pagar ni siquiera los salarios o nos acogemos a un ERTE, que tampoco nos ofrece solución alguna para el sostenimiento de los centros de cara a un futuro regreso de la actividad”.

CEI-A denuncia que el Decreto del 24 de marzo recogía medidas a todas luces insuficientes que persiguen, según la Junta, el mantenimiento de los puestos de trabajo. De hecho, sólo podrán acceder a ellas los centros que conserven la misma estructura laboral. Lo paradójico es que se intenta “blindar” los empleos con medidas ficticias, porque la propia Junta de Andalucía sabe que es imposible hacer frente a los costes laborales con el presupuesto destinado. Vende para los trabajadores una opción que sabe que no es real ni posible. No obstante, en el caso de aceptarlo, al regreso a la actividad se producirían miles de despidos, ya que la situación de los centros sería insostenible.

En el caso de no aceptar las ayudas, las escuelas infantiles se verían obligadas a presentar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que tampoco soluciona los problemas de los centros, que tendrían que seguir afrontando otros gastos hasta el retorno de la actividad. Además, desde CEI-A critican la “ambigüedad de la normativa ya que, un mes después, hay muchos centros que aún desconocen si se pueden acoger o no a alguna de las fórmulas”.

A todo esto, las escuelas infantiles critican que la APAE (Agencia Pública Andaluza de Educación) haya esperado al 14 de abril para publicar unas instrucciones que tenía firmadas desde el pasado día 3, aumentando la incertidumbre y reduciendo el margen de maniobra de más de 1.800 centros adheridos en toda Andalucía. Para más desconcierto, la Agencia apunta que el ingreso de la ayuda a los centros no se pagaría completo, es decir, se realizaría un abono del 50% ahora y el resto sin concretar la fecha.

Para De la Peña, “la Junta de Andalucía vuelve a abandonar a las escuelas infantiles, denostando el ciclo de 0 a 3 años y tirando por tierra todo el trabajo que desde el pasado 14 de marzo se realiza por parte de los profesionales y educadores desde casa con las familias de los menores de 3 años”. Así, afirma que “la Junta no ha invertido ni un euro para paliar esta situación de excepcionalidad, ya que va a destinar a los centros lo que va a dejar de dar a las familias en bonificaciones”. Por ello, desde la organización hacen responsable a la Administración andaluza de las consecuencias laborales y de los posibles cierres de centros que se produzcan.

No podemos olvidar que los centros de primer ciclo de educación infantil llevan más de una década con el precio por plaza congelado, sin subir ni siquiera el IPC y sufren una alarmante desocupación por la caída de la natalidad, mientras que han tenido que asumir el aumento de más de un 20% de los costes laborales debido al incremento del SMI y de las tablas salariales recogidas en el nuevo convenio

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