PP y Ciudadanos prescinden de perfiles técnicos y nombran delegados a destacados militantes que ya ocupaban altos cargos
El Gobierno andaluz de Moreno Bonilla aseguró que la ampliación del número de delegados provinciales en 4 más por provincia –32 en el conjunto de Andalucía– no iba a tener ningún coste, porque se iba a recurrir a funcionarios para que ocuparan estos puestos. Sin embargo, ayer empezaron a conocerse los primeros nombramientos y el Gobierno andaluz ni ha recurrido a perfiles técnicos, ni lo va a hacer a coste cero.
El coste que tendrán estos 32 nuevos delegados asciende a unos 4,4 millones de euros y, además, presumiblemente los nuevos delegados tendrán un equipo de asesores a su disposición, lo que engordará aún más la factura.
Por otra parte, los nuevos nombres que han empezado a conocerse dejan claro que el Gobierno de Moreno Bonilla no ha tirado de funcionarios especializados para estos nuevos nombramientos, sino de militantes destacados. Es el caso de Vicente García Egea, nuevo delegado provincial de Justicia en Almería, que fue el número 2 de Ciudadanos al Congreso por Almería en las elecciones de 2019, por detrás del ‘paracaidista’ José Manuel Villegas. Actualmente, García Egea estaba desempeñando el cargo de coordinador de Turismo, en el seno de la Delegación de Turismo y Justicia.
Un caso similar es el de la nueva delegada de Desarrollo Sostenible, Raquel Espín Crespo. Aunque su puesto de personal laboral en el Ayuntamiento de Adra le permite cumplir con el requisito de “ser funcionaria”, lo cierto es que no se trata de un funcionario de la Junta de Andalucía especializado en Desarrollo Sostenible, sino de una militante del Partido Popular que ascendió en Adra a la sombra de la hoy consejera de Agricultura, Carmen Crespo. Desde el pasado año, Espín venía trabajando en un puesto nombrado a dedo, como coordinadora de Programas de la Consejería de Presidencia.
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