El Gobierno andaluz deroga parcialmente el decreto que regulaba la contratación de emergencia ante la pandemia
El Gobierno de Moreno Bonilla se ha quedado sin argumentos para seguir aplicando el decreto que sacó al inicio de la pandemia y que le ha permitido realizar contrataciones de emergencia, con menores garantías que las que aplican normalmente las administraciones públicas. El balance de los dos años en los que ha estado en vigor este decreto, recién derogado, ha sido más que fructífero. En estos 24 meses, el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla habría realizado 21.668 contrataciones por este procedimiento de emergencia, por un importe de unos 1.600 millones de euros, según la información facilitada por el propio consejero de Hacienda, Juan Bravo.
Con la declaración del Estado de Alarma motivado por la pandemia, se habilitaron en todo el estado mecanismos para que las administraciones públicas pudieran agilizar la adquisición de bienes. Estos mecanismos, que preveían menos controles de lo habitual, habrían sido presuntamente utilizados por administraciones como la Comunidad de Madrid o la Diputación de Almería para cometer fraude en la compra de mascarillas, según investiga actualmente la justicia. En mayo de 2021, el Ejecutivo de España determinó la desaparición que las condiciones excepcionales que justificaban la emergencia en las contrataciones, pero el Gobierno andaluz ha seguido utilizando este procedimiento hasta este mes de marzo.
Al margen de esta cuestión, aunque relacionada con ella, cabe recordar que el Gobierno de Moreno Bonilla estuvo también en el punto de mira por los contratos exprés de personal que realizó al poco de empezar su mandato, donde los puestos de trabajo eran para quienes primero enviaban un correo electrónico. Actualmente, se han dictado ya más de 50 sentencias judiciales que han declarado nula la contratación de casi 4.000 trabajadores públicos en Andalucía, bajo el gobierno de PP y Ciudadanos.
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