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Ola de calor y “dejación de funciones” de Moreno Bonilla en las aulas públicas

Alumnado a la entrada de un colegio público
Alumnado a la entrada de un colegio público

Sindicatos acusan a la Consejería de Educación de volver a “descargar la responsabilidad” en familias y profesorado

Un año más, las altas temperaturas propias de Andalucía, acentuadas por los efectos del cambio climático, hacen el desarrollo de la actividad en los centros educativos se haga muy difícil y que docentes y alumnado padezcan condiciones que ponen en peligro su salud y bienestar. Las medidas que debería adoptar la Consejería de Educación se limitan a la publicación de un protocolo y unas instrucciones que no aportan ninguna solución y descargan la responsabilidad en la comunidad educativa y particularmente en el profesorado. Mientras tanto, la Ley de Bioclimatización de centros educativos sigue sin aplicarse con carácter general, tres años después de su entrada en vigor, tras una larga lucha de las familias.
USTEA denuncia que ya han comenzado a producirse en las aulas incidentes relacionados con las altas temperaturas: desmayos, lipotimias, bajadas de tensión, etc. entre docentes y alumnado. Es lógico si pensamos que la normativa de seguridad y salud laboral marca que el umbral de estrés térmico está en 27ºC y en muchos centros se superan ampliamente los 30ºC. En estas condiciones es muy complicado concentrarse, el nivel de irritabilidad provoca problemas de convivencia en las aulas y la realización de exámenes no se hace en las mejores condiciones, por poner solo algunos ejemplos de los problemas que se viven en los centros educativos.
USTEA viene exigiendo que se establezcan las medidas adecuadas con la anticipación suficiente y se aplique de una vez y sin más dilación la Ley de Bioclimatización. Para el sindicato no es admisible que cada curso se reproduzca la misma situación y se reedite el obsoleto protocolo cuando comienza a producirse incidentes en los centros.
El pasado viernes 5 de mayo se publicaron un protocolo y unas instrucciones que son un calco del elaborado en 2017. En este protocolo se plantean una serie de medidas que, aunque no están de más y se ajustan al sentido común, son a todas luces insuficientes: evitar las actividades en los espacios más calurosos y la realización de actividad física, vigilar que las niñas y niños estén hidratados o recomendar a las familias que usen ropa adecuada y protección solar, entre otras. En estas instrucciones, también se plantea la posibilidad de flexibilizar el horario escolar y se establece la puesta en marcha de actuaciones formativas para el profesorado.
Las recomendaciones de la Consejería son más que insuficientes y descargan la responsabilidad en la comunidad educativa, en equipos directivos, docentes y familias. Para USTEA, se trata de otra muestra de dejación de funciones y del desinterés del gobierno de la Junta respecto a la Educación Pública de Andalucía.
Más allá de protocolos de emergencia, en Andalucía existe una Ley de Bioclimatización de los centros educativos que sigue sin aplicarse tras tres años desde su publicación y entrada en vigor. Se trata de una ley integral que contempla medidas como la instalación de dispositivos de energía sostenible, aislamientos para la eficiencia energética, arbolación de patios y zonas exteriores,
cubiertas vegetales para la climatización natural y otras. Esta ley fue fruto de una larga lucha de la comunidad educativa que no entiende por qué dos años después sigue sin aplicarse.
El gobierno de la Junta y su Consejería de Desarrollo Educativo y FP mantienen que se están llevando a cabo actuaciones de bioclimatización. La instalación de refrigeración adiabática (basada en vapor de agua) en pequeño porcentaje de los más de 7.000 centros educativos andaluces no es, en modo alguno, aplicar la Ley de Bioclimatización. Tampoco la instalación de pérgolas y lonas provisionales en algunos colegios de infantil y primaria por los ayuntamientos, en colaboración o no con la administración andaluza y siempre tras las protestas de familias y sindicatos.
Exigimos a la Consejería de Educación que asuma sus responsabilidades y tome inmediatamente medidas para proteger a la comunidad educativa. No pueden volver a repetirse estas situaciones y no debe pasar ni un día más sin que se aplique la Ley de Bioclimatización que tanto esfuerzo costó a la comunidad educativa.

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