Artículo de opinión de Martín Gerez, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Vera
El rechazo en el Congreso al Real Decreto que permitía la movilización de recursos financieros de los remanentes a los ayuntamientos va a tener en la provincia unos efectos muy negativos. Una opinión subjetiva, como todas, pero apoyada en datos objetivos. Valgan como referencia algunas cifras muy elocuentes referidas a los municipios de más de 5.000 habitantes que suponen el 86% de la población.
A 31 de diciembre de 2019, esos ayuntamientos y la propia Diputación Provincial sumaban 302 millones de euros en depósitos bancarios a plazo fijo o en cuentas corrientes con el consecuente cargo de intereses que se pagan por tener sus fondos líquidos en entidades financieras. Por ejemplo, en el caso de Vera la cantidad es de casi 11 millones de euros. De momento, con la fórmula aprobada por el Ministerio de Hacienda estos intereses se los ahorrarían ya que ese coste sería asumido por la Administración Central.
Después de numerosas operaciones aritméticas que no vienen al caso por su prolijidad, el remanente de Tesorería para Gastos Generales que el decreto permitiría movilizar en estos municipios estaría en torno a los 200 millones de euros. Cabe preguntarse, más en una situación de crisis como la que se vive a causa de la pandemia, cómo ayuntamientos que pueden, desde la cercanía con el ciudadano, ayudar a paliar sus efectos, no lo van a hacer.
Quede claro que se arrimaría el hombro siempre que el dinero se utilizara con sentido y racionalidad en inversiones que generen empleo, que permitan una mejora sustancial de los servicios públicos o una mejora de la atención de las familias y colectivos más necesitados. No es así cuando desde el poder local, y Vera es un claro ejemplo de ello, las prioridades son fuegos pirotécnicos, carteles de ferias que no se van a celebrar, figuras para el belén municipal o jugosos contratos publicitarios sin concurrencia para ganarse un buen tratamiento en los medios de prensa y radio. Así no se sale de la crisis ni con este decreto ni con ninguno.
Pero, es más, este PP que hoy clama contra el decreto debería haber pedido responsabilidades en 2012. Claro que entonces quien estaba en Moncloa era ese Rajoy que hoy quiere escurrir el bulto con el escándalo del espionaje, que tampoco es ajeno al aumento de decibelios del Partido Popular contra este decreto. Se trata de hacer lo posible para desviar una atención que no interesa.
De aquellos polvos de hace ocho años, los lodos de hoy. La actitud ridícula y demagógica de algunos dirigentes municipales del Partido Popular da vergüenza ajena. Con descaro olvidan que desde 2012 está vigente la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de aplicación a todas las Administraciones Públicas del Estado.
Todas significa, obviamente, que también lo hace al ámbito local. Y para éste fijaba tres reglas esenciales que han abocado a la situación actual: no se puede gastar más de los que realmente se ingrese, límite de deuda y tope de crecimiento de los gastos computables (con algún matiz, los corrientes) en el porcentaje de incremento del PIB previsto a medio plazo. Esas fueron las reglas aprobadas por un gobierno del PP, ese mismo partido que ahora se echa las manos a la cabeza de manera sobreactuada por sus consecuencias.
Cuando los alcaldes del PP hablan de que el Estado va a incautar los ahorros de los vecinos de cada municipio tergiversan torticeramente la verdad. Y lo saben, y mienten, o deberían saberlo en razón de su cargo y de sus excelentes sueldos. También tiene algo de cómico que no falten regidores que exijan ahora que se les deje gastar cuando su incompetencia en la gestión no se lo ha permitido hasta ahora. Qué cosas.
La fórmula permite a los ayuntamientos con remanentes que, en lugar de tener los fondos en bancos, lo inviertan de manera voluntaria en deuda pública y lo recuperen al 100% a partir de 2022, entre 10 y 15 años y sin que computen dichas devoluciones anuales a efectos de la regla de gasto. Por cierto, la deuda pública española, pese a los niveles a la que la condujo Rajoy, conserva una valoración de solvencia mejor que cualquier banco privado o cualquier otra administración pública.
El decreto posibilita, asimismo, entre este año y el próximo, acceder a un fondo extraordinario equivalente al 35% de lo invertido, que en el caso de la provincia de Almería podría llegar a suponer unos 70 millones aproximadamente. ¿Cuál es la incautación o apropiación de la que hablan? Para hacerse una idea gráfica, inviertes 100 que ahora mismo no puedes utilizar por culpa de una ley aprobada por tu propio partido, y que es imposible modificar, y recibes los 100 y 35 más.
¿Ese es el problema o lo es la hipocresía política? ¿No será que lo que de verdad molesta al PP es que el Gobierno actual haya encontrado una solución al problema creado por ellos mismos? ¿No será que ese dinero tenga que invertirse en bien de la ciudadanía y no en fastos y autobombo? ¿No será que no se pueda usar ese dinero público en subvencionar a empresarios amigos o a campañas de propaganda partidista? Por el bien de todos sería bueno que se aclararan.
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