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Residencias de mayores denuncian la “falta de apoyo” de la Junta

Dos trabajadoras de una residencia de mayores medicalizada atienden a una persona enferma.
Dos trabajadoras de una residencia de mayores medicalizada atienden a una persona enferma.

La patronal andaluza exige los pagos inmediatos al sector y la ocupación de los centros, incorporando al sistema a las más de 22.201 personas dependientes que se encuentran en lista de espera

El Círculo Empresarial de Cuidados a Personas (CECUA) ha lamentado esta semana “el maltrato” que padece el sector, que se ha visto “relegado al último lugar de las prioridades”, según han denunciado en un comunicado.

“CECUA ve con indefensión el maltrato que padece el sector, relegado al último lugar de prioridades, a pesar de que los profesionales realizan una labor sobrehumana mostrando una inmensa vocación de servicio”, han indicado en su escrito. “Estos profesionales son considerados los últimos, al igual que las empresas del sector, que están soportando un sobrecoste, dada la intensidad de los cuidados atendiendo con los recursos propios a los usuarios durante toda la pandemia”,  ñaden.

La patronal andaluza de las residencias de mayores ha detallado que en la actualidad hay un total de 22.201 personas dependientes (grado II y III) en lista de espera en Andalucía y, a pesar de esta situación, la no ocupación de plazas en residencias es del 20% y en los centros de día, de más de un 50%.

“La falta de ocupación de plazas, cuando existen listas de espera interminables, y esto unido al retraso de los pagos y a la falta de abono de los gastos derivados por la atención de usuarios en las residencias por Covid, hace que el sector se encuentre en una situación límite”, han advertido.

“Estas exigencias tienen que ser revertidas y encontrar soluciones a través del diálogo social, algo que actualmente es inexistente”, han denunciando, apuntando directamente a la Junta de Andalucía.

En concreto, la patronal ha solicitado cuatro medidas: el abono de las plazas no ocupadas al objeto de mantenimiento del empleo; establecer una ratio para casos COVID- 19 de 0,15 adicional a la ratio actual, que debería ser sufragada aumentando el coste plaza abonado por la administración  para los residentes diagnosticados de COVID- 19, con efecto retroactivo desde el inicio de la pandemia; la actualización de las tarifas en residencias y en centros de día; y, finalmente, ante la escasez de enfermeros, que los servicios de atención residencial sean apoyados mediante un sistema de provisión de servicios sociosanitarios.

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