Sindicatos critican que la Consejería que dirige Juan Marín realiza una “regulación hueca” del teletrabajo y que los funcionarios deben aportar sus propios recursos
Los profesionales de la administración de Justicia de la Junta de Andalucía vuelven a denunciar la situación en la que realizan su trabajo desde el principio de la pandemia. Ahora, desde el Sindicato Profesional de Justicia (SPJ-USO), califican la gestión que lleva a cabo el consejero Juan Marín, de Ciudadanos, de “vergonzosa” en relación a la regulación del teletrabajo para los cuerpos generales de la Administración de Justicia. “Papel mojado para cumplir de cara a la galería, pero totalmente inoperativo en la práctica. La realidad es que, desde el principio de la pandemia, el teletrabajo en la Administración de Justicia únicamente se ha alzado como realidad respecto de Jueces, Fiscales y Letrados de la Administración, los cuales han podido realizar ese teletrabajo, sin reparo alguno, en su inmensa mayoría”, aseguran en un comunicado de prensa.
Se trata, añaden, de una “regulación hueca cuyo contenido es la ficticia implantación de un teletrabajo que para nada avanza ni se materializa de manera eficaz en el colectivo de los cuerpos generales de la Administración de Justicia: un insulto normativo que se limita prácticamente restringir los supuestos de aplicación del trabajo a distancia y el número de horas para llevarlo a cabo, amén de que sea el propio personal de Justicia, que ésa es otra, quien tendría que aportar sus propios equipos informáticos privados para uso público”.
“Por si fuera poco, la referida regulación tampoco clarifica la capacidad de las infraestructuras de la Junta de Andalucía para soportar el teletrabajo, ni para cuántas conexiones simultáneas estará disponible, ni si podrá acogerse al mismo todo el personal que padezca factores de riesgo o de conciliación de la vida personal y familiar a causa de la pandemia.
Con todo, no sólo denunciamos la penosa realidad de esta ficticia regulación del teletrabajo para nuestro colectivo llevada a cabo por la correspondiente resolución de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal de 19 de enero de 2021 (la cual no ha tenido en cuenta ninguna de las aportaciones realizadas por SPJ-USO), sino también, además y sobre todo, el riesgo que su vacío acarrea sobre la salud del personal de Justicia y, por supuesto, de la ciudadanía”, han lamentado.
La ciudadanía, según constatan, continúa compareciendo personalmente en las sedes judiciales “muchas de ellas sin ventilación natural ni sistemas de purificación de aire” sin una “efectiva regulación de la cita previa ni del control de aforos, realidades todas ellas que emergen con absoluta y patente solidez en otras administraciones públicas, pero que en Justicia continúan durmiendo el sueño normativo de los justos, nunca mejor dicho”.
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