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Trabajadores sociales afean a la Junta que la tarjeta monedero la gestionen entidades no públicas

Rocío Ruiz y Moreno Bonilla en una imagen de archivo.
Rocío Ruiz y Moreno Bonilla en una imagen de archivo.

Reivindican el papel de los Servicios Sociales comunitarios, presentes en todos los pueblos y conocedores de la realidad social de la población

El Colegio Oficial de Trabajo Social de Almería ha afeado a la Junta de Andalucía y a su presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla, que haya excluido a las entidades públicas de la gestión de la denominada tarjeta monedero, una ayuda de carácter extraordinario que viene a cubrir las necesidades básicas de la población más vulnerable agravadas por la crisis derivada del Covid19.

Según explican, el mandato del Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos contraviene la Ley de Servicios Sociales de Andalucía en cuanto a que no se atiene a los principios de universalidad, responsabilidad pública, equidad y proximidad por los que, según la normativa vigente, se ha de regir el Sistema Público de Servicios Sociales andaluz. Los trabajadores sociales aseguran que la administración andaluza ha transferido “cero euros” para la contratación de personal que lleve a cabo este programa a través de los servicios sociales comunitarios, mientras que ha dado 850.000 euros  Cruz Roja Almería por este concepto. Una ONG, precisan, que tan sólo está presente en ocho de los 103 pueblos por lo que, igualmente, el ejecutivo de Moreno Bonilla contraviene la “proximidad” que obliga la Ley.

Por su parte, el Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social ha manifestado este su “más enérgica repulsa” a la propuesta de financiar la entrega a las familias de una tarjeta monedero por estar gestionada por entidades ajenas a la administración pública.

En un comunicado, el consejo expone que “derivar a entidades privadas fondos que se niegan al sistema público sería tan incomprensible como privar a los hospitales y sus profesionales sanitarios de medicación y respiradores para que organizaciones no gubernamentales atendidas en su mayor parte por personas voluntarias, prescribieran a qué enfermos se les proporciona”.

 

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