La situación de los vigilantes de las playas llega a la Inspección de Trabajo y el Gobierno andaluz responde que legalmente tiene “hasta un mes” para hacerlo
Llevan ya camino de tres semanas trabajando bajo el sol, pero a día de hoy siguen sin estar dados de alta. Es lo que están viviendo unos 500 vigilantes de playas, contratados por la Junta de Andalucía para asegurar el cumplimiento de las normas sociales y de higiene en las playas andaluzas en la era post-covid.
Esta irregularidad ha sido destapada por el PSOE andaluz, que este viernes puso los hechos en conocimiento de las ocho delegaciones provinciales de la Inspección de Trabajo. Sólo unas horas más tarde, el Gobierno andaluz se justificaba alegando que, en función de un convenio que tiene firmado con la Seguridad Social, se le permite dar de alta a los trabajadores “hasta 30 días después” de su incorporación.
Este episodio es el último en la larga lista de polémicas que ha generado la contratación de vigilantes para las playas andaluzas por parte del Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos. Las contrataciones ya fueron puestas en cuestión por no haberse realizado a través de los cauces habituales, sino a través de un procedimiento extraordinario, en el que se dio un plazo de apenas 48 horas para presentarse como candidato.
Con este procedimiento extraordinario tampoco se respetaron las cuotas para personas con discapacidad, según denunciaron ante el Defensor del Pueblo varias organizaciones de discapacitados. Hasta el momento, además, los criterios que utilizó la Junta para seleccionar a los candidatos siguen sin haberse publicado en ningún sitio.
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